Hoy en día, en el Perú y varios países de Latinoamérica nos enfrentamos de forma dramática, a la urgente necesidad de contar con instrumentos jurídico-políticos capaces de prevenir el conflicto entre sus integrantes, favorecer la cooperación entre ellos, y garantizar, en la medida de lo posible, la responsable dedicación de sus gobernantes a la promoción del bien común de sus sociedades. Pero en el caso del Perú así como en otros países de la región nos encontramos lejos de poder lograr esos objetivos debido a la creciente corrupción y al desorden en cuanto a las políticas de Estado se refiere. Ante esta situación con los años han surgido movimientos independentistas que se desarrollaron en el continente a lo largo del S. XIX. Luego del triunfo de los movimientos independentistas y de la progresiva imposición de las corrientes liberales sobre las conservadoras a lo largo y ancho de la región, las constituciones latinoamericanas del Siglo XIX terminaron por contar con la estructura y finalidades propias de un sistema que pretende alcanzar los objetivos de la causa liberal (a saber: la limitación del poder público, por un lado, y por el otro, la consecuente consagración de la libertad de los ciudadanos) por medio de la división de poderes, los catálogos de derechos fundamentales y el imperio de la ley. En este contexto, el “nuevo constitucionalismo latinoamericano” sería un intento original –fruto de una reactivación de los movimientos populares de izquierda en el universo latinoamericano– en la búsqueda de un modelo constitucional capaz de transitar del mero reconocimiento en los textos constitucionales de los derechos fundamentales de los ciudadanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, etc.) a su efectiva realización práctica dentro de un sistema auténticamente democrático y adecuado a las particularidades propias de nuestros pueblos. Se trata, en definitiva, de recuperar en sentido fuerte la idea de constitución como norma jurídica suprema del Estado y fortalecer su presencia determinadora en el ordenamiento jurídico.